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Estado mexicano espía a periodistas: NYT

Con software que debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.


 

Periodistas, abogados y activistas han sido blancos del espionaje del gobierno mexicano llevado a cabo por un millonario software israelí que debería ser usado para investigar a criminales y terroristas.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times (NYT), desde el 2011 a la fecha tres agencias gubernamentales han gastado cerca de 80 millones de dólares espiando a periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, abogados de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Juan Pardinas, redactor de la legislación de la Ley 3de3, y la abogada Stephanie Brewer, que trabaja con el grupo Centro Prodh, que atiende casos como el de Tlatlaya y Atenco.

Infectando sus teléfonos con el software Pegasus mediante un mensaje de texto, han podido monitorear desde llamadas, mensajes, contactos y correos electrónicos hasta micrófonos y cámaras de estas personas.

La compañía  NSO Group creadora y vendedora del software, cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

Y aunque el software no hay pruebas efectivas de que el gobierno sea el responsable del espionaje –ya que el programa impide que el hacker que lo utilizó deje rastros– lo cierto es que el programa sólo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado, por lo que es poco probable  que los cibercriminales hayan tenido acceso.

De acuerdo con la investigación El Estado de Vigilancia: Fuera de Control elaborada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), tres compañías mundiales –Hacking Team, NSO Group y FinFisher especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México.

En México, sólo las procuradurías y fiscalías de los estados, además de la PGR, el CISEN y la Policía Federal, están facultados para intervenir las comunicaciones privadas de una persona siempre y cuando exista la autorización de un juez federal.

Sin embargo apenas se reportan las solicitudes de intervención. Esto nos pone a pensar: ¿gastaron millones en programas que no ocupan y que son utilizados por “grupos criminales” o están ocultando los verdaderos datos?

 

Por: Abril Quintero.